Las medidas que acaba de presentar el presidente del Gobierno inciden especialmente sobre la economía de la clase media de la población. Los funcionarios del Estado van a ver desaparecer su paga extraordinaria de Navidad, lo que supondrá una nueva rebaja del 7% en la nómina anual, que se ha visto ya mermada por los brutales e injustos recortes salariales que hemos padecido desde mayo de 2010, y por las congelaciones practicadas en estos dos últimos años, y que ya suponían una merma de retribuciones superior al 18% de media. A todo ello debemos sumar los durísimos recortes que han llevado a cabo las comunidades autónomas que afectan a los derechos laborales y sociales, a la jornada laboral y a los complementos retributivos, y que han conllevado la desaparición de miles de puestos de trabajo docente y de muchos programas educativos.
Es imposible que el Gobierno ignore que la suspensión de la paga extraordinaria de Navidad y el aumento del IVA retraerán aún más el consumo de la clase media española, con los riesgos que ello implica de ahondar la contracción del gasto y, por extensión, la recuperación económica.
El Gobierno ha explicado la suspensión de la paga navideña de los funcionarios públicos, como una medida "excepcional “ y que se aplicará también a los altos cargos de la administración central, autonómica y local – faltaría más puesto que son también funcionarios públicos –. Sin embargo, a los diputados y senadores de nuestras administraciones duplicadas simplemente se les solicita la adhesión a la medida, cuando acumulan sueldos por infinidad de conceptos y disfrutan de jubilaciones vitalicias obtenidas con un tiempo mínimo de cotización. Por otro lado, la única medida en la que podemos considerar que los políticos dan ejemplo de austeridad es el descenso de otro 20% en la financiación de los partidos, que reciben este año cerca de 70 millones de euros en ayudas públicas, un 20 % menos que el año anterior. Conviene recordar que, por ejemplo, la oferta de empleo público docente, ha caído en un 90% y que se están suprimiendo los puestos de trabajo de decenas de miles de profesores.
ANPE rechaza este nuevo castigo al profesorado de la enseñanza pública, que presta a la sociedad un servicio esencial. Consultaremos la voluntad del profesorado y estamos dispuestos a promover todas las medidas de protesta y de presión que estén a nuestro alcance para que cese este brutal castigo a los servidores públicos.
